La población adulta de Entre Ríos tiene una importante dependencia del Estado en su flujo mensual de ingresos. Esto era así antes de la pandemia de COVID-19, pero la dependencia aumentó durante la crisis económica de este año y como consecuencia de las restricciones que impidieron a muchos sectores producir y generar ingresos. El Gobierno Nacional implementó programas de asistencia con un amplio alcance para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia. Entre ellos se destacan el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que beneficiaron, en conjunto, al 22% de la población de la provincia entre abril y mayo, según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos.
El IFE fue el programa de mayor impacto. Unas 274.410 personas fueron beneficiarias de este programa en Entre Ríos, lo que equivale al 20% de la población y al 32% de la población económicamente activa, entre 18 y 65 años. La cobertura es levemente superior al promedio nacional, que fue del 19,5% del total y el 31,6% de la población económicamente activa. El IFE es liquidado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y está destinado a los sectores más vulnerables de la población para mitigar el efecto de la pandemia de COVID-19. Consiste en un bono de 10.000 pesos para las familias más afectadas, cuyo jefe o jefa de familia sea trabajador informal, monotributista social, monotributista de categorías A y B, personal doméstico, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o del programa Progresar.
Del total de los beneficiarios del IFE, 69.000 perciben además la AUH y 6.000 el Progresar. Esto significa que 75.000 beneficiarios —un cuarto de quienes cobran el IFE— tiene además otro beneficio del Estado. Del resto de los beneficiarios del IFE, 7.000 trabajan en el servicio doméstico, 30.000 son monotributistas y 163.000 son trabajadores informales, desempleados o inactivos laborales.
El programa ATP alcanzó a unos 32.200 empleados en relación de dependencia entre abril y mayo, lo que representa el 26% de los asalariados privados registrados de la provincial. El ATP consiste en un subsidio estatal para cubrir un porcentaje del salario de los trabajadores privados formales de los sectores cuya actividad se vio afectada por la cuarentena impuesta para hacer frente al COVID-19. El tope del beneficio es de dos salarios mínimos.
Para dimensionar la incidencia del Estado en la inyección de flujo mensual en la economía se debe contabilizar, además de los programas sociales nacionales, los 138.000 empleados públicos y los 234.000 jubilados nacionales y provinciales. En total, unas 724.512 personas reciben un estipendio monetario del Estado cada mes, lo que representa al 69% de la población mayor de 18 años.