Extensionistas de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos trabajan para visibilizar la problemática y acompañar las políticas públicas de prevención del delito y acompañamiento hacia las víctimas.
El proyecto de extensión No hay trato con la trata, se desarrolla desde la Facultad de Trabajo Social y “busca colocar el tema públicamente como un problema social, económico y cultural en la provincia, a los fines de sensibilizar, concientizar y comprometer a la ciudadanía, organismos e instituciones de Entre Ríos en la lucha por una vida libre de violencias”, explicó Ruth Lemos, licenciada y magíster en Trabajo Social.
“Desde la investigación que desarrollamos desde hace muchos años, vemos cómo la prostitución actúa de manera organizada y lucrativa, organizando la disponibilidad de personas, mujeres, adolescentes y niños -en su mayoría- para su uso sexual por parte de otro sector de la sociedad, principalmente varones”, explicó.
La extensionista mencionó que “disponemos de la Ley Nacional de Trata N° 26.840 y nuestra provincia trabaja en su aplicación a través de diferentes dispositivos estatales y esfuerzos con distintas organizaciones no gubernamentales. Cabe señalar que Entre Ríos es pionera en la lucha contra la trata de personas a nivel nacional, dado que en el año 2011 se creó el Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas. Con la aprobación de la ley Nº 10.032 se establece la búsqueda sostenida de estrategias para combatir este delito”. Asimismo, Lemos detalló que “en 2012 se aprobó la ley Nº 10.086, que permitió el cierre de prostíbulos en el territorio provincial. Esta norma también reconoce el Protocolo de Intervención y Abordaje, y establece como organismo de aplicación y contralor al Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas, que realiza un trabajo de articulación con la Policía de Entre Ríos, a través de la División de Trata de Personas en los puestos camineros”.
Estadísticas
La docente señaló que la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) confeccionó un reporte de llamados a la Línea telefónica 145, durante el período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) debido a la pandemia por Covid-19. “El informe muestra la evolución del número de denuncias recibidas a través de ese canal, y plantea que el aislamiento tuvo mayor impacto en la explotación sexual de personas”, afirmó.
En la provincia, explicó Lemos, la estadística se centraliza a través del Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas, de manera articulada con la PROTEX. “Allí se destaca que en la mayoría de las sentencias (73.5%) los hechos analizados constituyeron supuestos de explotación sexual, seguida por supuestos de explotación laboral (25.1%)”, especificó. “Del total de sentencias registradas, la mayoría fueron condenatorias: el 70.1% por el delito de trata de personas y el 15.1% por delitos conexos. El 14.9% representa aquellas sentencias con veredicto absolutorio. Por trata sexual fue condenado el 81.8% (532 personas)”, agregó.
La investigadora destacó que “se advierte que en los casos de trata laboral la mayoría de las personas condenadas son extranjeras (el 69.8%), mientras que en los casos de trata sexual la tendencia es inversa, 88.2% de los condenados tienen nacionalidad argentina. Con relación al género de las personas condenadas por trata sexual, el 62.7% fueron varones (400 condenados); el 36.9% mujeres (231 condenadas) y el 0.5% trans. Con respecto a las víctimas de trata sexual del 64.7% (909), fueron principalmente mujeres (98%). El 11.5% era menor de edad (es decir, 146 niñas/niños/adolescentes)”.
La Provincia cuenta con un Registro de Trata de Personas y otro de Personas Desaparecidas, que permite tener un control de la información en todos los organismos que intervienen en la problemática. Para acceder a esos datos es necesario comunicarse con la Coordinación del Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas, a través del 343-1555123087.
Consultada acerca de los proyectos presentados sobre trata de personas y delitos conexos, la especialista detalló que “En Entre Ríos el Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas junto a legisladores y legisladoras, han desarrollado unos catorce proyectos de normas vinculadas en materia de prevención y asistencia a víctimas. Entre ellas, el cupo laboral, la creación de un fondo de subsistencia y la prevalencia en el acceso a la vivienda. Precisamente en materia de prevención, se desarrollan en forma constante acciones vinculadas en todo el territorio a través de la campaña La Trata Existe, difundida mediante spots publicitarios, afiches en organismos públicos y privados. El Consejo efectúa un trabajo conjunto con la Secretaria de Transporte provincial y la División de Trata de Personas de la Policía. Al respecto, cabe señalar que el Consejo Provincial firmó convenios de cooperación con municipios para alojamiento, intervención y abordaje de víctimas de trata en sus refugios; y otro acuerdo con el Instituto Autárquico Becario, que garantiza la educación a víctimas del delito y sus hijos e hijas. En materia de seguridad y registros se firmó con la Policía de Entre Ríos y el Ministerio de Seguridad de la Nación el convenio SISTRATA, que incorpora un Sistema Integral de Seguridad en materia de lucha contra la trata”, enfatizó.
Desafíos en la Universidad
Finalmente y en relación al rol de las universidades frente al tema, Ruth Lemos -quien además integra la Oficina de Violencia de Género del Poder Judicial de Entre Ríos-, advierte que “es una deuda pendiente de los ámbitos académicos universitarios la formación de profesionales en estas áreas, los que posibilitan advertir las diferentes formas de discriminación y los desequilibrios de poder que existen en las situaciones de violencia contra la mujer. Como integrantes del sistema universitario, particularmente el tema nos ocupa y en tal sentido, resultaría muy valioso que la Universidad revise sus planes de estudios, investigue y produzca conocimiento respecto a la problemática, acompañe desde la militancia el reclamo de tantas mujeres que hoy luchan por vidas libres de violencias. Creemos fundamental el aporte de las casas de estudios para la construcción de sociedades más justas, libres e inclusivas”, concluyó.
Fuente: UNER medios
